Decreto de Emergencia Económica asesina al Parlamento y refuerza respuesta represiva del régimen según Provea

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) consideró inconstitucional la nueva declaratoria de Estado de Emergencia Económica dictada por el Gobierno de Nicolás Maduro. “Con la medida Maduro viola nuevamente lo consagrado en el artículo 339 de la Constitución, que establece que el decreto que declare el estado de excepción deberá ser declarado como constitucional por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, ambos inclusive, cuestión de primer orden que no se plasmó en el contenido del referido decreto”, señaló la organización no gubernamental este viernes 14 de septiembre.

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Provea indicó que el decreto también desconoce las facultades de la Asamblea Nacional. “Es un zarpazo más contra el Parlamento venezolano. Constituye un significativo paso hacía la consolidación de los mecanismos de control social, represión y cesión de la soberanía nacional a los socios comerciales de la dictadura”, agregó.

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Provea destacó con preocupación aspectos recogidos en el numeral 11 del artículo 2 del Decreto N° 3.610, que otorga al Ejecutivo la posibilidad de implementar “[…] mecanismos de registro, identificación y verificación, de última tecnología, que permitan un óptimo control de la aplicación de subsidios y demás beneficios de carácter público, impidiendo conductas distorsivas que pudieran atender a intereses particulares o lucro personal”.

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Al respecto, sostuvo que abre la posibilidad de imponer, de forma generalizada, la exigencia del Carnet de la Patria, “un mecanismo de control social y segregación política que ha sido promovido por la dictadura para limitar el acceso y disfrute de derechos por parte de la población”. Asimismo, llamó la atención sobre el numeral 21 del artículo 2 y el artículo 6, mediante los cuales el Gobierno de Maduro “refuerza la respuesta represiva frente a las demandas ciudadanas y el descontento popular frente al hambre, el crecimiento de la pobreza y la indolencia gubernamental”. /Lea la nota completa en El Pitazo/

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